Trabajadores del Biobío solicitan al Gobierno detener el proyecto de Ley de Pesca por dudas constitucionales

Una reciente publicación en el diario La Tercera ha generado inquietud entre los trabajadores del sector pesquero en el Biobío. Según el informe, elaborado en 2016 por el exministro de Justicia Luis Cordero, modificar las licencias otorgadas a las empresas pesqueras podría contravenir la Constitución, abriendo la puerta a posibles conflictos legales.

El artículo, divulgado el pasado miércoles 15, reveló que el informe advertía sobre los riesgos de reducir la vigencia de las Licencias Transables de Pesca, una medida incluida en el actual proyecto de ley que avanza en el Congreso. La propuesta ha sido ampliamente cuestionada, no solo por posibles problemas legales, sino también por su impacto social y económico en la región.

El rechazo de los trabajadores pesqueros ha sido categórico desde el inicio de las discusiones. Argumentan que la aprobación del proyecto podría poner en peligro más de 10.000 empleos directos en la región, afectando indirectamente a unas 35.000 personas que dependen de este sector para su sustento.

Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera del Biobío (FESIP), expresó su asombro ante las revelaciones: “Esto solo confirma lo que venimos diciendo: este proyecto está mal planteado y es inconstitucional. Lo explicamos en múltiples ocasiones a los diputados, pero no logramos que comprendieran la gravedad del asunto, a pesar de que esta situación ya era conocida por algunos miembros del actual gobierno”.

 Por su parte, Hugo Roa, líder del Sindicato Interempresas de Tripulantes Industriales del Biobío, destacó la necesidad de actuar con responsabilidad: “Pedimos al Ejecutivo que deje de lado posturas ideológicas y priorice un debate técnico y fundamentado. Tal como está, este proyecto pone en riesgo la estabilidad jurídica y la seguridad laboral de miles de familias en nuestra región. Solicitamos que se detenga esta propuesta hasta que se garantice que es válida desde el punto de vista técnico y legal. No podemos permitir que se repitan errores legislativos que después sean difíciles de enmendar”.

Fuente: La Tercera