Representantes de la pesca industrial del Biobío dialogan con delegado presidencial

El proyecto de Ley de Fraccionamiento, actualmente en su segundo trámite en el Senado, sigue generando debate, mientras los trabajadores de la pesca industrial intensifican sus acciones informativas.

En el Biobío, representantes del sector pesquero industrial continúan gestionando iniciativas para revertir la propuesta legislativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados en medio de controversias. Esta medida afecta directamente a más de 2 mil familias que dependen del empleo formal en la región.

Además de las reuniones sostenidas con senadores de diversos partidos, la semana pasada los dirigentes lograron un breve encuentro con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien visitó la zona. Durante esta reunión, se comprometió a canalizar las inquietudes del sector a través del delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, quien el jueves pasado recibió a dirigentes de las plantas procesadoras y del personal embarcado de la pesca industrial.

Tras una reunión de casi dos horas, Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera del Biobío (Fesip), expresó: “Nos vamos con algunas reservas, pero con esperanza, porque se ha cumplido el compromiso de la ministra de Interior de transmitir la situación del sector al delegado. Esto es especialmente relevante para las plantas de proceso, donde la mayoría somos mujeres jefas de hogar. Aunque la incertidumbre persiste, nos tranquiliza saber que esta información llegará a La Moneda. Es crucial que se consideren todas las perspectivas”.

Por su parte, Juan Carlos González, presidente del Sindicato Capitanes de Pesca del Biobío y representante del personal embarcado industrial, comentó: “Fue un buen regalo de Navidad; salimos satisfechos. Hoy, parece haber un cambio en la percepción de las autoridades regionales y parlamentarios sobre el sector pesquero, que es complejo y difícil de comprender. Sin embargo, ahora vemos un mayor entendimiento. Es positivo escuchar al delegado presidencial y a algunos senadores admitir que hubo errores en la manera en que se votó esta ley en la Cámara de Diputados”.

González añadió que el objetivo principal es que las autoridades comprendan plenamente los riesgos asociados a esta ley y reconozcan los avances del sector pesquero regional, incluyendo innovaciones tecnológicas, procesos más eficientes y el desarrollo de nuevas producciones. “Es fundamental garantizar la estabilidad jurídica para seguir creciendo. La meta es resolver este tema definitivamente, dejando atrás más de una década de incertidumbre y permitiendo una proyección sólida del sector industrial tanto a nivel regional como nacional”, subrayó.

Finalmente, Juana Silva destacó que, si bien el acercamiento con el Gobierno a través del delegado regional es una señal alentadora, persiste el desencanto con el trabajo realizado en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. “En su primer trámite, se aprobó esta ley mediante largas sesiones, sin un análisis técnico adecuado y con argumentos más ideológicos que sustanciales. Ahora confiamos en que los senadores actuarán con la responsabilidad y el criterio que faltaron en la Cámara Baja”, concluyó.