La pesca industrial advierte sobre las repercusiones negativas de la Ley de Fraccionamiento

El proyecto impulsado por el Ejecutivo establece un nuevo esquema de distribución entre los sectores pesquero artesanal e industrial para 15 recursos hidrobiológicos. La iniciativa avanza a su segundo trámite legislativo. A finales de octubre, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo que propone un nuevo esquema de distribución permanente entre la pesca artesanal e industrial. Este cambio afectará las cuotas globales de captura para diversas especies.

El documento, que ahora se encuentra en su segundo trámite, busca regular actividades como la captura, extracción, recolección y acuicultura, tanto en aguas nacionales como internacionales. Este fraccionamiento se establece como un proceso separado de la Ley de Pesca que se discute actualmente en el Congreso, y en la que se ha otorgado una mayor proporción de las cuotas al sector artesanal. Desde la pesca industrial, no obstante, advierten que esta iniciativa podría tener graves consecuencias para el desarrollo del sector y la seguridad alimentaria del país.

“Este proyecto impacta a toda la industria, ya que introduce cambios que van más allá del fraccionamiento, afectando las operaciones tanto del sector artesanal como del industrial en prácticamente todas las regiones del país”, señaló Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.). Sandoval agregó que, de aprobarse tal como fue planteado en el primer trámite, el nuevo esquema podría significar el cierre de plantas y barcos, poniendo en riesgo empleos estables y de calidad.

Por su parte, Ignacio Mir, gerente de Pesca de Blumar, destacó que uno de los principales problemas es la incertidumbre jurídica que genera el proyecto en un contexto de desconfianza institucional. Según explicó, esta ley desconoce derechos previamente otorgados por el Estado chileno a diversos actores de la industria, vigentes hasta 2032.

Mir también subrayó que la sostenibilidad no solo depende de la captura, sino del uso que se haga de los recursos pesqueros. “En el caso del jurel, la flota artesanal destina el 100% de sus desembarques a la producción de harina de pescado debido a la falta de sistemas de refrigeración adecuados. Reducir la pesca destinada al consumo humano en un contexto de crisis climática y escasez de proteínas resulta un paso atrás. Además, el proyecto pasa por alto problemas cruciales como la pesca ilegal, que causa graves daños ambientales y económicos. Si no se realizan ajustes, esta ley podría comprometer los avances en sostenibilidad, perjudicando tanto a las comunidades como a la seguridad alimentaria”, concluyó.